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“Las entidades financieras deben dar más dinero al comprador y menos al promotor”

24/05/2017

Comunicado de prensa

“Cuando se financia al promotor el suelo sube y entonces nos vamos alejando del objetivo de la vivienda asequible. Por eso las entidades financieras deberían dar más dinero al comprador y menos al promotor”, ha señalado Francisco Javier Albéniz Lizarraga, director general de Premier España, en el transcurso de la mesa redonda ¿Es sostenible el modelo de vivienda protegida en el merco inmobiliario actual?, celebrada hoy en el marco de la Conferencia Inmobiliaria Madrid 2017 (SIMA).

“En Francia el ahorro medio que tiene el cliente que entra a una oficina de ventas no supera los 6.000/7.000 euros, el resto se lo financia el banco. En España, sin embargo, ocurre una cosa curiosa, más del 50% de los compradores los son gracias a sus padres, a la solidaridad familiar. En Madrid o Barcelona, por ejemplo, una vivienda de tres dormitorios puede rondar los 200.000 euros y el comprador tiene que conseguir 60.000 euros en dos años y ese es el problema que limita el acceso a esta vivienda, su capacidad de ahorro, lo que explica que muchas veces seamos nosotros los que no queremos hacer esa venta porque estamos convencidos de que ese cliente no va a ser financiado. La solución debería pasar porque estas personas consiguieran más del 80% de financiación de los bancos”, añadió Albéniz.

A este propósito, la moderadora de la mesa, Carolina Roca Castillo, vicepresidenta de Asprima, puntualizó que la vivienda protegida y libre casi no presenta diferencias en estos momentos: “Los precios de venta se han equiparado, el comprador no recibe ningún tipo de ayuda y casi no existen bonificaciones fiscales, se sigue aplicando la encorsetada normativa de 2009, como si se siguieran percibiendo las ayudas de antaño, y esto es un lastre”.

Ignacio Moreno Díez, consejero delegado de Inmoglaciar, puso sobre la mesa uno de los escollos determinantes con los que, a su juicio, se enfrenta el promotor de vivienda social: “El problema fundamental para nosotros es encontrar suelo con calificación de vivienda protegida y no el cliente, que lo hay, pues, por desgracia, tal y como están los salarios, hay un amplio porcentaje que cumple el requisito de los ingresos por debajo de la normativa. Evidentemente vas a un nicho más pequeño y, además, en estos momentos, el mercado más potente es el de reposición. Pero hay una gran demanda. De hecho, nosotros tenemos en Villaverde un proyecto de 1.200 viviendas protegidas”.

Abundando en este hecho, Carolina Roca se refirió al problema de acceso a la primera vivienda que hay en la actualidad. “Históricamente las viviendas protegidas han estado enfocadas a los segmentos más desfavorecidos económicamente, pero ahora el problema es que la inmensa mayoría de las clases medias no pueden acceder a la vivienda. Y tenemos que recuperar ese primer acceso, no centrarnos solo en los millennials sino también en familias con escasos recursos o jóvenes de hasta 35 años”.

En relación a esto, el máximo responsable de Premier España, apuntó: “El valor de la vivienda fluctúa y por eso no es fácil abrir la vía de financiación de los bancos a los compradores, pero la vivienda debería tener un valor estable en el mercado, algo que se puede conseguir si el precio del suelo no sube exageradamente y si no hacemos más viviendas de las que hacen falta”.

Arantxa Pascual, gerente de la Empresas Municipal de la Vivienda y Suelo, insistió en la necesidad de crear un parque de viviendas público de alquiler. “Nosotros estamos haciendo una apuesta por el fomento del arrendamiento, porque una persona con unos ingresos 25.000 euros brutos anuales tiene difícil conseguir financiación para adquirir una vivienda. Queremos poner en el mercado en tres años 4.000 viviendas en régimen de arrendamiento y en principio no estamos pensando en construirlas con financiación externa sino con recursos propios, con presupuesto municipal. En 2017 hay previstos 128 millones de inversión para la primera fase. Tenemos más de 17.000 solicitantes de viviendas, de los cuales 9.000 no llegan a los 6.000 euros anuales brutos. Pensar en venta no tiene, por tanto, ningún sentido, por lo que tenemos que hacer ese parque de viviendas y ajustar las rentas para que puedan abonarlas y que vayan en función de los ingresos de percibe la unidad familiar y que no supere en ningún caso el 30% del total”.

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, que estuvo representada por José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, se hizo hincapié en la necesidad de evitar duplicidades entre las administraciones. “La comprobación de la calidad técnica del proceso edificatorio es algo que está haciendo la Comunidad de Madrid y que le correspondería al Ayuntamiento. Evidentemente, toda esa carga de trabajo ofrece, sin embargo, una seguridad jurídica, pero también un exceso de burocracia. El nuevo reglamento de vivienda protegida debe dar respuesta a esto y agilizar los procesos”, señaló.

Un punto en el que estuvieron de acuerdo el resto de los ponentes, que también señalaron la necesidad de clarificación y simplificación de las normativas. “Me parece muy bien la normativa de vivienda protegida, aunque es verdad que podría ser más flexible en temas de soluciones habitacionales para los jóvenes. En calidades no cabe duda de que tenemos unas viviendas de protección oficial al mismo nivel que en la vivienda privada. Pero si queremos tener un parque de viviendas en alquiler de verdad se necesita flexibilidad, poner más suelo en el mercado, facilidades de financiación, exenciones, etc. Somos el único país europeo que no cuenta con plataformas potentes de cientos de miles de viviendas en alquiler”, expuso Moreno Díez.

José María García Gómez concluyó haciendo alusión al papel que debe jugar la administración para intervenir positivamente en el mercado. “La ley del suelo de la Comunidad de Madrid pretende que la generación de plusvalía por la acción del legislador tenga un retorno a la sociedad que la genera. En 2009 se abandonó la limitación del precio del suelo para vivienda protegida y creo que habría que reflexionar sobre esto. Hay que evitar el sectarismo ideológico y pretender financiar los servicios sociales (limpieza de parques, calles, etc.) con la actividad de calificación urbanística, que está en el origen de la corrupción. El modelo de sociedad tiene que cambiar. Somos partidarios de que las ayudas públicas sean a los promotores en el proceso del promotor y  que las ayudas al cliente sean el momento del arrendamiento y así los recursos públicos vuelvan a la Administración”.

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