17/11/2014
Cuando nos planteamos comprar una vivienda de nueva construcción lo más habitual es que nos encontremos con una de estas dos alternativas: adquirírsela a un promotor inmobiliario o hacerlo a través de una cooperativa de viviendas. Por lo general, en las áreas de desarrollo de las ciudades convive oferta tanto de promotores como de cooperativas.
La compra de una vivienda a un promotor inmobiliario se materializa en un contrato que establece, entre otras cosas, la vivienda a adquirir, sus calidades, el precio, la forma de pago y la fecha de entrega. En el caso de las viviendas en régimen de cooperativa las cosas son un poco diferentes, ya que son los propios cooperativistas quienes, por mayoría, adoptan las decisiones que afectan al proyecto: tipo de construcción, calidades, etc.
Por otro lado, el cooperativista se debe implicar mucho más en el desarrollo del proyecto, aunque (como norma general, ya que los cooperativistas carecen de los conocimientos legales y técnicos necesarios) la gestión se suele encomendar a una sociedad gestora, normalmente una empresa mercantil que presta sus servicios a la cooperativa (asistencia técnica y jurídica) a cambio de un precio pactado. La profesionalidad de la sociedad gestora es la máxima garantía para el buen fin del proyecto.
El precio suele ser otra de las diferencias a tener en cuenta. Por lo general, el coste de una vivienda en régimen de cooperativa debería ser inferior al de una vivienda adquirida en régimen de promoción, todo ello si los costes de gestión son ajustados y si durante la ejecución de la obras no surgen desviaciones. La razón es sencilla: la cooperativa no tiene ánimo de lucro.
Como habitualmente las cooperativas se constituyen en una fase muy inicial del proyecto, los plazos para disponer de la vivienda suelen ser más largos que cuando se compra a un promotor. En el caso de que la cooperativa aún no disponga de un terreno urbanizado y apto para edificar, los plazos pueden alargarse considerablemente. El lado positivo de estos plazos eventualmente más largos es los cooperativistas cuentan con un plan de pagos más llevadero.
Por último, en comparación con las viviendas en régimen de promoción, durante estos años de crisis ha sido relativamente más fácil conseguir financiación para iniciar las obras, siempre que el número de cooperativistas adheridos al proyecto satisfaga los criterios de la entidad financiera.
